El acuerdo de deuda de Puerto Rico cuesta demasiado, arregla muy poco y desperdicia el dinero necesario para reconstruir la red

Un plan para reestructurar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE) sería un enorme retroceso, si se aprueba en su forma actual.

En 2019, la Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSAF) negoció un acuerdo con los tenedores de bonos que habría aumentado las tarifas eléctricas entre 2.7 y 4.6 centavos por kilovatio-hora (un aumento del 10% al 16% sobre las tarifas actuales) durante los próximos 47 años.  El acuerdo fue finalmente rechazado por la legislatura y el gobernador, quienes reconocieron que era inasequible e impondría costos que socavarían la recuperación de Puerto Rico y el crecimiento económico futuro.

Para los clientes, este acuerdo es peor que los rechazados en el pasado.  La JSAF no ha publicado la magnitud de los aumentos de tasas propuestos. Pero su plan propone pagar $5.4 mil millones de deudas de la AEE a una tasa de interés más alta que una propuesta de 2019. La JSAF eximiría a los hogares de bajos ingresos de la mayoría de los aumentos de tarifas.  Según nuestros cálculos, el impacto total expondrá al resto de los hogares y negocios de Puerto Rico a aumentos de tarifas similares o más altos que los del plan rechazado de 2019. Los cargos estarán vigentes durante los próximos 35 a 50 años.

Los clientes que instalen sus propios paneles solares no escaparían del cargo de la deuda; la junta ha sugerido recientemente que paguen más de $250 al año en nuevos cargos, en un momento en que Puerto Rico debería incentivar la transición a una fuente descentralizada y resistente de energía renovable.

Este acuerdo es peor que los rechazados en el pasado

El sistema eléctrico de Puerto Rico ya es uno de los menos confiables y más caros de los Estados Unidos.  Algunos pueden argumentar que restaurar el acceso de la AEE al mercado de bonos a través del acuerdo hace que la aprobación de este plan sea esencial. El argumento es erróneo, por tres razones:

En primer lugar, no hay garantía de que el plan restablezca el acceso a los mercados de la AEE. La economía es demasiado débil para soportar la nueva carga de la deuda. No hay ninguna indicación en el plan de que los nuevos bonos serán calificados por las agencias de calificación crediticia. Los bonos sin calificación significan que son de naturaleza altamente especulativa. Tampoco está claro si los bonos serían aprobados por los reguladores o los legisladores. 

En segundo lugar, el sistema eléctrico de Puerto Rico está a punto de recibir más de $10 mil millones de dinero federal. Los fondos podrían utilizarse para transformar verdaderamente el sistema hacia la energía renovable, reduciendo los costos del combustible y el servicio de la deuda a largo plazo. Pero la superposición de aumentos adicionales a las tarifas para pagar la deuda antigua elimina el beneficio financiero y deja a los gerentes del sistema luchando por equilibrar los presupuestos anuales. Esto significa presión para reducir los costos de mano de obra, mantenimiento y otros costos del sistema en  un momento en que la transformación requiere más dinero para completar cambios cruciales. En el mejor de los casos, este escenario fiscal significa que el progreso retrasó el progreso; en el peor de los casos, ningún progreso en absoluto.

Finalmente, la AEE podría lograr el acceso a los mercados sin los onerosos aumentos de tarifas propuestos en este plan. Como ha señalado IEEFA, hay otras rutas por las cuales los tenedores de bonos podrían recibir al menos una parte de sus reclamos, incluso a través de las compañías que aseguraron más del 20% de la deuda de la AEE, así como suscriptores y asesores financieros que participaron en emisiones de bonos cuestionables en el pasado.  La única manera de que la AEE pueda obtener acceso al mercado a largo plazo es que Puerto Rico desarrolle un sistema eléctrico asequible. La clave de la asequibilidad es que las tarifas cubran suficientemente los gastos operativos y se mantengan al día con la necesidad de una inversión continua.  Esto solo puede suceder con una transición rápida a la energía renovable, facilitada con fondos federales. Poner más cargas en el sistema para pagar la deuda contraída hace años es difícil. 

El plan propuesto no es la última palabra. Puede ser enmendada por la JSAF y por el tribunal federal, lo que debe suceder si Puerto Rico quiere tener una oportunidad justa de reconstruir un sistema eléctrico funcional.

This op-ed was originally posted in El Nuevo Dia.

Tom Sanzillo ([email protected]) es director de análisis financiero del IEEFA