12 de octubre de 2020 (IEEFA) – Un importante contrato firmado con el consorcio LUMA Energy puede impedir que Puerto Rico construya un sistema eléctrico seguro, confiable y resiliente, según un nuevo informe del Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero.
El acuerdo para operar la red de la isla se produjo a raíz de una serie de devastadores huracanes de 2017 y equivale a una privatización completa de las funciones de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE). El contrato dirigirá cientos de millones de dólares en los próximos 15 años a LUMA Energy, un consorcio de Quanta Services con sede en Houston y ATCO Ltd., con sede en Calgary.
“Esto no es una alianza”, dijo Tom Sanzillo, director de Finanzas de IEEFA y autor del informe. “Es un contrato que garantiza el flujo de dinero a LUMA Energy y deja un sistema eléctrico seguro, confiable y asequible para Puerto Rico a la suerte”.
Es probable que el contrato empuje el precio de la electricidad del objetivo de 20 centavos por kilovatio-hora (kWh) a 30 centavos/kWh debido a los costos adicionales del servicio de la deuda, los precios de los combustibles, el patrocinio político y la mala contratación. Se espera que las comisiones de consultor y supervisión aumenten a 254 millones de dólares durante el año fiscal en curso, suficientes para aumentar las tarifas de electricidad en 1.6 centavos/kWh.
El contrato LUMA también fomenta el uso de gas natural, frustrando el objetivo de la isla de lograr energía cien por ciento renovable para 2050 al permitir que LUMA presente cambios con los reguladores al plan de recursos integrados de la isla.
Es posible que el consorcio enfrente problemas financieros. Se estima que la reconstrucción de la red de la isla costará más de $20,000 millones. Las dos empresas del consorcio, Quanta y ATCO, tienen una capitalización de mercado combinada de sólo 12,000 millones de dólares.
Los términos del contrato también permiten a LUMA ignorar los acuerdos de negociación colectiva con la fuerza laboral sólidamente sindicalizada de Puerto Rico. Los acuerdos laborales fueron ostensiblemente desechados como una medida de ahorro de costos, pero el contrato no aborda partes más derrochables del sistema de energía, como los costos de combustible, deuda y patrocinio político.
Es muy poco probable que el contrato aumente la transparencia. AEE, que esencialmente está repartiendo casi todas sus obligaciones a LUMA, ha tenido que ser arrastrada a los tribunales para compartir información básica sobre sus operaciones. Es poco probable que LUMA, como consorcio de corporaciones privadas, comparta libremente información debido a sus obligaciones confidenciales y propietarias.
Por último, hay poca rendición de cuentas para las partes en el acuerdo. La mayor parte de la tarifa de LUMA por operar la red se pagará si el trabajo se hace bien o no. Los tres organismos de supervisión: la Autoridad de Alianzas Público-Privadas (P3) no está calificada para administrar el sistema eléctrico; el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) no tiene los recursos para supervisar LUMA; y la Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSAF) es un monitor fiscal poco fiable.
“Este contrato renuncia a los derechos y responsabilidades del sistema eléctrico que actualmente se encuentran en una autoridad pública: AEE”, dijo Sanzillo. “Una cantidad considerable de políticas y autoridad operativa se está trasladando a una corporación privada: LUMA Energy. Tomado por separado, los problemas en nuestro informe serían difíciles de manejar. En conjunto, es probable que los errores del pasado se repitan. Este contrato debe ser rescindido y adoptar un nuevo proceso”.
Informe completo: Contrato con LUMA Energy establece una privatización completa y tarifas más altas
Informe original (inglés): Contract with LUMA Energy Sets up Full Privatization Higher Rates
Contacto del autor
Tom Sanzillo ([email protected]) es director de Finanzas del IEEFA.
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Acerca de IEEFA
El Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA) examina cuestiones relacionadas con los mercados, tendencias y políticas energéticas. La misión del Instituto es acelerar la transición a una economía energética diversa, sostenible y rentable.