20 de agosto de 2019 (The Bond Buyer) – Las aseguradoras de bonos de Puerto Rico radicaron este mes una demanda contra ocho reconocidos bancos de inversión (UBS, Citi, Goldman Sachs, J.P. Morgan Securities, Morgan Stanley, Merrill Lynch, RBC y Santander) por no realizar la diligencia adecuada con los bonos del Gobierno valorados en $11 millones. El tren de la negligencia corrió de 2001 a 2015 e incluyó falsificación de ingresos y gastos, y trucos de deuda engañosos. En resumen, la demanda alega que las declaraciones oficiales promovidas por los bancos eran fraudulentas.
La demanda de MBIA Insurance Corp. y su unidad National Public Finance Guarantee Corp. revela los defectos y conflictos de intereses fatales que plagan el acuerdo de reestructuración de $8,300 millones en deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que se encuentra actualmente ante el tribunal de bancarrota.
El engaño fue motivado por el afán de comisiones lucrativas
La demanda sostiene que las aseguradoras fueron víctimas de la osadía de los bancos. Los bancos miraron hacia el otro lado a medida que la economía de Puerto Rico declinaba. Ellos vendieron bonos a las aseguradoras como inversiones sólidas que podrían estar razonablemente aseguradas contra la morosidad. El nivel de engaño estaba motivado, según la denuncia, por el afán de los bancos en comisiones lucrativas, ya que cínicamente dejaron a un lado los principios fundamentales de la atención y preocupación por las aseguradoras o el pueblo de Puerto Rico.
LOS INCUMPLIMIENTOS SUBSIGUIENTES HAN TENIDO CONSECUENCIAS TRÁGICAS PARA PUERTO RICO Y SUS RESIDENTES, además de costar a las aseguradoras $720 millones. Las aseguradoras están reclamando daños y perjuicios. Si se permite que el caso proceda, sus hallazgos con respecto a la legalidad de varias emisiones de deuda del Gobierno podrían ser más valiosos para el pueblo de Puerto Rico que cualquier indemnización que los bancos eventualmente paguen a las aseguradoras de bonos.
La demanda cita específicamente ocho emisiones de bonos de AEE por un total de $3,700 millones. Además, en otra acción recientemente presentada para obtener alivio de las compras fraudulentas de combustible, la Junta de Supervisión y Administración Financiera de Puerto Rico (JSAF) hizo una divulgación financiera en la que declaró que AEE era insolvente en 2011, cuestionando otros $1,300 millones de deuda de la Autoridad emitida después de ese tiempo.
La legalidad de los $5,000 millones en deuda de AEE ahora parece cuestionable
El acuerdo de reestructuración de la deuda de AEE (RSA por sus siglas en inglés) pendiente ante el tribunal de bancarrota cubre $8,260 millones de deuda, de los cuales la legalidad de $5,000 millones parece ahora cuestionable. El Gobierno, el exgobernador Ricardo Rosselló y la JSAF han respaldado el acuerdo que cargaría a los abonados de la AEE con el repago de entre el 67% y el 75% de esta deuda a los tenedores de bonos. En otras palabras, los líderes fiscales de Puerto Rico esperan que los consumidores y las empresas paguen entre $3.35 y $3.75 mil millones de deuda que pudo haber sido emitida ilegalmente.
Los gobiernos estatales y locales de los Estados Unidos que se enfrentan a desafíos de solvencia de pensiones están en las primeras etapas de explorar diversos medios de aprovechar los activos – principalmente a través de transferencia, arrendamiento o venta – con el propósito de apuntalar sistemas de jubilación infra financiados.
POR QUÉ LA JSAF ESTÁ DE ACUERDO CON EL PAGO DE LA DEUDA QUE SE HA PUESTO EN TELA DE JUICIO? Tal vez porque su principal asesor financiero en la reestructuración de AEE, Citi, es un asesor financiero de la JSAF. Citi es nombrado en la demanda de las aseguradoras de bonos como un banco infractor, y ahora continúa asegurando cargos lucrativos a través del asesoramiento a la JSAF. Para que Citi aconseje a la JSAF que parte de la deuda era cuestionable, sería admitir que la pasada diligencia debida del banco era deficiente.
El acuerdo es inasequible y los costos de servicio aumentarán más rápido que el crecimiento económico de Puerto Rico
El acuerdo de deuda también sufre de varios otros defectos fatales, incluyendo: (1) la falta de un conjunto completo de libros limpios para AEE que pueda servir como una representación confiable de su condición financiera real, dada la investigación de JSAF de la firma de auditoría de AEE BDO, cuyo socio administrador en Puerto Rico fue arrestado recientemente por fraude; 2) el hecho de que el acuerdo fue negociado en nombre del gobierno puertorriqueño por Christian Sobrino, quien perdió su trabajo en medio de los recientes escándalos que llevaron al colapso de la administración Rosselló; (3) la realidad económica de que los términos del acuerdo son inasequibles y resultarán en costos de servicio de la deuda que aumentarán más rápido que el crecimiento proyectado de la economía de Puerto Rico; y (4) la falta de un mecanismo de seguimiento en el acuerdo que podría resultar en que no sea clasificable o no reciba una calificación de grado de inversión.
SE REQUIEREN VARIAS MEDIDAS INMEDIATAS Y A MEDIO PLAZO. El Gobierno y la JSAF deben rescindir su apoyo al acuerdo de deuda y cancelarlo. La JSAF debe intensificar los esfuerzos para determinar el nivel de deuda válida realmente adeudado por AEE, y la nueva gobernadora o la legislatura debe restablecer la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público. La JSAF necesita hacer público los resultados de su investigación del caso BDO, especialmente dada la historia de Puerto Rico de reprimir pasadas investigaciones relacionadas con el escándalo de compras de combustible de AEE, y los contratos de Whitefish y Cobra. El Gobierno y la JSAF necesitan supervisar más rigurosamente el considerable ejército de asesores financieros, bufetes de abogados, contadores, agencias de crédito, aseguradoras y consultores que están llenos de conflictos de intereses. Y, un Inspector General Independiente del Sector Privado debe ser creado para que AEE supervise proactivamente sus operaciones internas y garantice que el proceso de reconstrucción no sea una repetición de la incompetencia y corrupción que han plagado la estructura gubernamental de la Isla hasta el momento.
Tom Sanzillo es el Director de Finanzas de IEEFA.
Este comentario apareció originalmente en The Bond Buyer: Bond insurer lawsuit exposes fatal flaws in Puerto Rico and PREPA debt plans (La demanda de aseguradora de bonos denuncia fallas fatales en los planes de deuda de Puerto Rico y la AEE)
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