La sentencia del tribunal sobre la ley anti-ESG de Texas puede salvar al estado de una herida económica autoinfligida
Key Takeaways:
El fallo emitido por un tribunal federal que anula una ley "anti-ESG" de Texas puede tener efectos de gran alcance.
La ley se diseñó para impedir que las entidades que administran pensiones del sector público y los contratistas del gobierno boicotearan a las empresas de combustibles fósiles.
La descripción que hace el estado de la industria del petróleo y el gas como el "alma económica" de Texas se basa en información obsoleta e incorrecta.
La legislación ya le ha costado a Texas tanto como 500 millones de dólares en costos de colocación de bonos, y cinco bancos nacionales han abandonado el estado, en parte debido a dicha disposición.
De acuerdo con la última nota informativa del Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA), el fallo de un tribunal federal que anula una ley "anti-ESG" de Texas puede salvar al estado de una herida económica autoinfligida.
La ley, concebida para proteger a la industria del petróleo y el gas al impedir que las entidades que administran pensiones del sector público y los contratistas del gobierno "boicoteen" o desinviertan en activos de la industria de los combustibles fósiles, se basó en supuestos obsoletos sobre la fortaleza del sector y su papel en la economía de Texas.
Sin embargo, la realidad es que la industria del petróleo y el gas de Texas no genera los puestos de trabajo ni los ingresos fiscales de antaño. El empleo en el sector del petróleo y el gas en Texas ha descendido desde su punto más alto en el año 2014, y los ingresos por concepto de impuestos sobre dichos insumos han crecido más lentamente que las fuentes de ingresos en general desde 1972. Al incluir en la lista negra a varios bancos nacionales, la ley les ha costado a los municipios de Texas hasta 500 millones de dólares en montos adicionales para la colocación de bonos.
"El argumento trillado de que el petróleo y el gas son el alma económica de Texas se basa en datos de hace varias décadas", afirmó Dan Cohn, analista de finanzas energéticas del IEEFA y coautor de la nota informativa. "Para perseguir un fantasioso impulso económico para el estado, los gobiernos locales de Texas han tenido que pagar cientos de millones de dólares en costos de endeudamiento adicionales. La ley fue un mal negocio que generó únicamente gastos y ningún beneficio. Derogar dicha disposición atiende a los mejores intereses de la economía de Texas".
El tribunal también consideró que el lenguaje vago y excesivamente amplio de la ley afectaba al debido proceso y a la libertad de expresión protegida por la Constitución. Aunque la decisión del tribunal aplica solamente a la ley de Texas, arroja dudas significativas sobre la legalidad de iniciativas similares en otros estados, con efectos de gran alcance para los inversionistas, los responsables de la política pública y los fiduciarios en todo el país.
