La sentencia del tribunal sobre la ley anti-ESG de Texas puede salvar al estado de una herida económica autoinfligida

El fallo de un tribunal federal que anula una ley "anti-ESG" de Texas, concebida esencialmente para impedir que las entidades que administran pensiones del sector público desinviertan activos relacionados con combustibles fósiles, puede salvar al estado de una herida económica autoinfligida.

Aunque la decisión solo afecta a la primera de una oleada de propuestas destinadas a promover las inversiones en combustibles fósiles y suprimir el apoyo a las energías renovables, se pone en duda de manera significativa la legalidad de esfuerzos similares por parte de otros estados. Las implicaciones podrían tener efectos de gran alcance para inversionistas, responsables de la política pública y fiduciarios en todo el país.

El fiscal general y el contralor del estado de Texas tienen previsto apelar la resolución. Sin embargo, la ley, concebida para proteger a la industria del petróleo y el gas, se basa en un supuesto erróneo. No es probable que una política diseñada para restringir las inversiones y favorecer un modelo de desarrollo económico obsoleto consiga el resultado deseado.

Si las empresas identifican inversiones sostenibles en combustibles no fósiles que representan buenas oportunidades financieras, deberían poder emprender acciones empresariales lícitas para perseguir sus intereses sin interferencia gubernamental.

Esta premisa es cónsona con la Constitución de los Estados Unidos y con las prácticas de negocios de larga tradición en el sistema económico estadounidense. Se espera que los consejos de administración y los altos directivos tengan en cuenta las cuestiones que pueden afectar los resultados de una empresa. La concientización sobre las posibles repercusiones de los factores medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés), incluido el cambio climático, forma parte de la gobernanza corporativa responsable.