La iniciativa clave de privatización del sistema eléctrico de Puerto Rico ha sido una posibilidad remota para ahorrar dinero al pueblo de Puerto Rico, y las probabilidades se están haciendo más lejanas, según un análisis del contrato de 15 años con LUMA Energy y sus presupuestos propuestos para los próximos tres años.
Una revisión del contrato entre la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE) y LUMA Energy, por parte del Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA en inglés), revela que la empresa privada contratada para reemplazar la mayoría de las funciones de la empresa de servicios públicos de la isla no se le ha dado metas de ahorro ni sanciones por no lograr las economías, solo un pequeño incentivo para permanecer dentro del presupuesto.
El contratista no está empezando bien. LUMA espera ahora estar un 11% sobre su presupuesto operativo contractual de $135 millones para el período de transición de un año antes de que asuma el cargo de operador del sistema el 1 de junio. Y el presupuesto de tres años que la compañía presentó al Negociado de Energía de Puerto Rico tampoco se ve muy bien, alegando sólo que las “eficiencias” no especificadas le ayudarán a cumplir su promesa pública de no aumentar las tarifas.
Para 2024, se prevé que estas “eficiencias” ahorren $110 millones. LUMA, sin embargo, no proporciona ninguna explicación de cómo se harán los ahorros, aparte de una vaga referencia a la “reducción de pérdidas”. También hay muy pocas consecuencias para LUMA si no logra estos ahorros.
Además de sus vagas “eficiencias”, el presupuesto de LUMA no es realista. No tiene en cuenta el reembolso de un préstamo de $894 millones del Gobierno de Puerto Rico a la AEE que la Junta de Supervisión y Administración Financiera ha declarado que será necesario para cubrir los gastos durante los primeros meses del contrato. Pagar este préstamo durante los 15 años de vida del préstamo costará al menos $60 millones anuales. Suponiendo que LUMA sobrepase su presupuesto, la penalización es bastante mínima, una reducción de su pago anual de incentivos en aproximadamente $1 millón.
El contrato le da a LUMA importantes responsabilidades sobre la planificación de la generación y la priorización de nuevos proyectos de generación de energía, pero de nuevo, no hay consecuencias para LUMA si Puerto Rico no cumple con sus metas de energía renovable. Las tarifas de electricidad están subiendo de nuevo en Puerto Rico este mes a medida que los precios del petróleo continúan subiendo, sirviendo como otro recordatorio de la necesidad de alejarse de los combustibles fósiles si el sistema eléctrico de la isla va a lograr estabilidad fiscal a largo plazo.
El contrato de LUMA también está listo para crear otro gasto importante para el pueblo de Puerto Rico. El contrato no prevé la transferencia automática de los trabajadores actuales del sistema eléctrico a LUMA. No reconoce los convenios colectivos y otras prestaciones de los trabajadores. Como resultado, LUMA sólo había recibido alrededor de 1.000 solicitudes a principios de marzo de los 4.500 empleados actuales de AEE que trabajan en transmisión y distribución.
Bajo la ley de Puerto Rico, los empleados de AEE que no tomen una plaza con LUMA serán transferidos a otros empleos del gobierno. Si los trabajadores de AEE son transferidos dentro del gobierno de Puerto Rico, costará aproximadamente $200 millones anuales. Tal desembolso simplemente trasladaría el gasto del presupuesto de AEE al presupuesto de gubernamental, en lugar de ser contado como un ahorro.
Parte de los problemas fiscales de AEE se crearon cuando se basó en estimaciones presupuestarias que no eran creíbles. Sin embargo, su iniciativa central de transformación del sistema eléctrico no toma en serio la necesidad de lograr un equilibrio presupuestario y tarifas asequibles y estables a largo plazo.
Cathy Kunkel ([email protected]) es analista de finanzas energéticas de IEEFA.
Comentario original [en inglés]: Savings from Puerto Rico grid privatization off to a bad start
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