Los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico insisten en el pago de $3.7 mil millones de dólares que no existen

El sistema eléctrico de Puerto Rico se encuentra en condiciones físicas peores que las observadas antes del huracán María. A pesar de la necesidad urgente de restaurar el sistema de manera que tenga condiciones operacionales sólidas, los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE) están argumentando que la agencia debería tener como prioridad pagarles $3.7 mil millones de dólares en efectivo.

En el plan fiscal más reciente de la AEE establecido por la Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSAF) para Puerto Rico, se señala no solamente que las medidas de confiabilidad de la AEE son entre 8 y 13 veces peores que la media en los Estados Unidos, sino que dichas métricas han empeorado desde el mes de marzo de 2023. LUMA Energy, el operador de la red, está pronosticando que los eventos de relevo de carga prácticamente se triplicarán este verano debido a la inestabilidad del sistema de generación.

Además, el sistema eléctrico se encuentra en una situación financiera desesperada. El sistema ha experimentado flujos de efectivo negativos durante 36 de los últimos 49 meses y, de no ser por las transferencias de fondos periódicas del gobierno central, ya se hubiera quedado sin dinero. El Negociado de Energía de Puerto Rico se encuentra llevando a cabo una investigación acerca de la crisis de liquidez del sistema.

Motivados por la poca confiabilidad de la red, los residentes de Puerto Rico han seguido moviéndose con rapidez a la instalación de placas solares en los techos, equivalentes a cerca de 22 megawatts (MW) instalados cada mes durante el último año. En lugar de fomentar la transición a un sistema descentralizado y resiliente, el gobierno de Puerto Rico ha optado por insistir en el uso del gas natural. El gobierno firmó un contrato para la construcción de una nueva planta de gas natural de 450MW y recientemente anunció una solicitud de propuestas para una capacidad de carga constante adicional de 2,500 a 3,000 MW (que presumiblemente sería para gas natural, dado que el carbón estará prohibido a partir del año 2032). De resultar exitosas estas iniciativas, la isla se quedaría atada a la volatilidad y las muy probables alzas de precio del gas natural licuado durante las siguientes décadas.

En resumen, los problemas estructurales que llevaron al sistema eléctrico de la isla a la ruina física y financiera no han sido resueltos. El sistema es altamente dependiente de los combustibles fósiles y no existe capacidad para equilibrar el presupuesto. 

Sin embargo, los bonistas en el caso de quiebra de la AEE ahora están argumentando que el sistema eléctrico debe pagarles “por lo menos $3.7 mil millones de dólares” en efectivo. Este grupo de bonistas, encabezado por GoldenTree Asset Management, alegan que desde que la AEE entró en el proceso de quiebra en 2017, el sistema ha acumulado ese monto en ganancias netas (de acuerdo con informes financieros sin auditar). Según los bonistas, de acuerdo con el convenio fiduciario que reguló la emisión de los bonos de la AEE, este dinero debería haberse reservado como colateral para pagarlos, y, por lo tanto, ellos tienen el derecho a recibir ese monto.

Sencillamente, ese dinero no existe. El saldo de la cuenta bancaria de la AEE es por un total de $1.45 mil millones, de los cuales más de mil millón son fondos federales designados para la reconstrucción de la red. Obligar a LA AEE a entregar dicho monto requeriría el acceso a fondos del gobierno central, aumentos a la tarifa eléctrica o el uso de fondos que deberían emplearse para llevar a cabo reparaciones que la red necesita con urgencia. Esto representaría un retroceso significativo en los esfuerzos para restaurar el sistema eléctrico a condiciones estables desde el punto de vista físico y financiero.

Es necesario contar con un sistema eléctrico funcional para que la economía en Puerto Rico pueda funcionar. El pensamiento de los bonistas enfocado en el corto plazo ignora el hecho de que la restauración del sistema eléctrico a la solvencia fiscal y condiciones operativas sólidas es esencial para la estabilidad económica de Puerto Rico y, en consecuencia, para el acceso en el futuro a los mercados de emisión de bonos.