IEEFA Puerto Rico: Gobernador mira al dinero de Wall Street para financiar su reelección
Las contribuciones de campaña de bufetes de abogados a funcionarios electos que emiten bonos y nombran abogados y suscriptores, a menudo conocidas como un sistema de “pago para jugar”, son veneno. (Tal vez el mejor trabajo sobre este tema es un discurso seminal de Arthur Levitt, ex presidente de la Comisión de Valores de Estados Unidos, en 1997).
Una campaña de recaudación de fondos para el gobernador puertorriqueño Ricardo Rosselló, organizada por abogados de bancarrota y celebrada el 14 de mayo en la ciudad de Nueva York, suena las alarmas de que la salud fiscal de la isla se pone una vez más en riesgo por la ambición política. El gobierno y las autoridades de Puerto Rico han sido criticados durante mucho tiempo por pagar enormes honorarios a consultores y empresas que producen un asesoramiento financiero poco sólido. Esta recaudación de fondos, que viene inmediatamente después del anuncio de un importante acuerdo de deuda de Puerto Rico, muestra al gobernador continuando por ese camino, independientemente del costo para la economía y la gente del Estado Libre Asociado.
El acuerdo más reciente, asentando $8 mil millones en notas para la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE), es una de las mayores ofertas de bonos municipales en la historia de los EE.UU., y está pendiente ante el Tribunal Federal de bancarrota.
Un reciente informe de El Nuevo Día mencionó el evento de recaudación de fondos, organizado por dos abogados de Lowenstein Sandler LLP, una prominente firma de abogados de Nueva York especializada en bancarrota, y un consultor político. Uno de los abogados fue contratado previamente por O’Neill & Borges, donde trabajó en la quiebra de AEE. Lowenstein Sandler no parece tener un contrato con AEE o cualquier agencia del gobierno puertorriqueño. Pero tal vez reconozcan lo que IEEFA ya ha subrayado: que el actual acuerdo de deuda propuesto probable resulte en más bancarrotas y una necesidad continua de bufetes de abogados externos y costosos, y de contratistas de servicios profesionales.
LOS EVENTOS DE RECAUDACIÓN DE FONDOS CELEBRADOS EN CERCANA PROXIMIDAD A LA FECHA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE REFERENCIA DE LARGAS Y COMPLEJAS TRANSACCIONES DE BONOS U OTROS PROCESOS CONTRACTUALES DEL GOBIERNO EQUIVALE A UN SOBORNO, sea provisto bajo apariencia de legalidad o no.
Aquí hay algunos ejemplos de contribuciones a la campaña 2016 del gobernador Rosselló, como se informó a la Oficina del Contralor Electoral de Puerto Rico:
- Los individuos que trabajaban para O’Neill & Borges proporcionaron al menos $15,889 en contribuciones a la campaña del gobernador y el bufete ahora guía los litigios de bancarrota de AEE para la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico (JSAF).
- Las personas que trabajaban para Nixon Peabody dieron al menos $13,980 a la campaña del gobernador y la firma ofrece servicios para una variedad de agencias del gobierno, incluyendo AEE, Hacienda, el Banco de Desarrollo Gubernamental (GDB) y la recién acuñada Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF).
- Un comité de acción política o PAC en inglés, creado por la firma de abogados DLA Piper dio $10,400 y actúa como asesor legal de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas de Puerto Rico, la agencia que trabaja en la privatización de AEE.
TODOS DIERON, TODOS RECIBIERON.
La Comisión de Energía de Puerto Rico criticó a la AEE en 2016 por adjudicar contratos de servicios financieros sin licitación competitiva y por cargos excesivos. (Para ser claros, las anteriores firmas no estaban enumeradas en la resolución de la Comisión). Los intentos de la Comisión de investigar más el asunto fracasaron.
Los bufetes de abogados que buscan negocios en asesoría de bonos de los emisores de bonos deben competir sólo sobre la base de precio y talento. Cuando se realizan contribuciones de campaña a un gobernador con el poder de dirigir un contrato a bufetes de abogados amistosos, la competitividad de los precios y las calificaciones de la empresa son irrelevantes. La integridad del proceso del contrato se ve socavada.
Las contribuciones de campaña también tienden a ser incluidas en tarifas infladas y, en última instancia, en préstamos más altos para el gobierno y mayores tasas de impuestos y electricidad para los residentes de la Isla. Que el gobernador solicite donaciones de las empresas de bancarrota, particularmente dada la fragilidad actual de Puerto Rico y la historia de la interferencia política, es verdaderamente incomprensible.
El trato es excesivamente generoso para los acreedores e insostenible para la economía de Puerto Rico.
El asesoramiento legal está contaminado. ¿Están los asesores jurídicos dando su sello profesional a una transacción para servir los objetivos políticos del gobernador o porque sirve al interés público? Cuando el dinero de la campaña está involucrado, el público no tiene forma de responder a esta pregunta. Y, en este caso, el acuerdo de AEE no sirve al interés público. El trato es excesivamente generoso para los acreedores y es insostenible para la economía de Puerto Rico. Desplazará la financiación de las energías renovables y estafará la fuerza de trabajo de la AEE sacrificando empleos y pensiones en nombre de la “reducción de costos”.
El acuerdo de bonos retorcidos ahora se mueve como un gigante por los tribunales, la Legislatura de Puerto Rico y eventualmente a los mercados. La fecha límite de cierre del acuerdo de AEE en junio de 2020 también encaja perfectamente en la cronología política de la reelección del gobernador en noviembre de 2020.
SI SE APRUEBA ESTE ACUERDO, ES SÓLO UNA CUESTIÓN DE TIEMPO ANTES DE QUE CONDUZCA A OTRO FRACASO FINANCIERO y la asociación de abogados de bancarrota de la ciudad de Nueva York puede entrar y hacer su negocio de nuevo.
¿Es legal el sistema de tráfico de influencias en juego? Quizás. ¿Es moral? No. ¿Está en el mejor interés de Puerto Rico? Por supuesto que no.
En una audiencia del Congreso en abril, José Ortiz, el director ejecutivo de AEE, fue preguntado si sabía de alguna corrupción en la Autoridad o si estaba haciendo algo al respecto. Su respuesta: “no he sido abordado sobre alguna corrupción específica en AEE, particularmente”.
El principal oficial ejecutivo y los principales directores financieros del ex empleador del Sr. Ortiz, CSA Arquitectos & Ingenieros, SLR dieron $7,900 en contribuciones al gobernador en 2016. El Sr. Ortiz fue nombrado director ejecutivo en 2018.
En efecto.
Cathy Kunkel ([email protected]) es una analista de Energía de IEEFA.
Tom Sanzillo ([email protected]) es el director de Finanzas de IEEFA.
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