IEEFA: Consultores listos para ganar más de $1,000 millones de la corporación de servicios públicos de Puerto Rico en bancarrota

Las enormes comisiones de consultoría ponen de relieve los problemas sistémicos con la reforma de la utilidad de la isla

29 de abril de 2021 (IEEFA) – La transformación y reestructuración financiera de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico en bancarrota ha generado más de $440 millones en contratos de consultoría durante los últimos siete años y podría costar a los residentes de la isla más de $1,000 millones antes de su finalización, según un estudio publicado hoy por el Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero.

Consultores con sede en Puerto Rico sólo representaban el 3 % de todos los contratos

El estudio del IEEFA encontró que la mayoría de los consultores contratados para reorganizar el sistema eléctrico de la mancomunidad tenían su sede en el continente y consultores estadounidenses con sede en Puerto Rico sólo representaban $14 millones, o aproximadamente el 3 % de todos los contratos. Un puñado de consultores cobraba más de $1,200 por hora por servicios en la isla, donde los ingresos medios de los hogares apenas superan los $20,000.

“Las agencias de Puerto Rico y la Junta de Supervisión y Administración Financiera con frecuencia emplean la retórica del ahorro, la rentabilidad y la gestión financiera prudente”, dijo Cathy Kunkel, analista de energía del IEEFA y autora principal del informe. “Pero no cuando se trata de contratos para servicios profesionales”.

Durante los siete años, la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE) y otras agencias gubernamentales, incluyendo la JSAF, han gastado al menos $440 millones en consultores, con cinco empresas continentales estadounidenses recibiendo el 40 % del total. Más de $1 de cada $3 gastados en contratación ha ido a los bufetes de abogados.

Un análisis del IEEFA de los contratos encontró problemas sistémicos con los servicios, incluyendo:

  • Decisiones operativas importantes tomadas por consultores sin antecedentes de trabajo en Puerto Rico.
  • Consultores responsables de determinar las tarifas de consultoría.
  • Duplicación de esfuerzos.
  • Incentivos financieros desalineados para los consultores.

A PRINCIPIOS DE ESTA SEMANA, EL GOBERNADOR PEDRO PIERLUISI EMITIÓ UNA ORDEN EJECUTIVA destinada a mejorar la transparencia en torno a los contratos del gobierno puertorriqueño para servicios profesionales. Tom Sanzillo, director de análisis financiero del IEEFA y coautor del informe, consideró que la orden ejecutiva es “superficial y probablemente ineficaz”. Señaló que la orden ejecutiva:

  • No requiere una solicitud formal de propuestas (RFP en inglés) para los contratos.
  • No aplica ningún límite a las tarifas de servicios profesionales; y
  • No se aplica a las renovaciones de contratos ni a “servicios previamente contratados y a los que, a juicio del jefe de agencia, requieran continuidad”, una categoría que podría decirse que se aplica a la mayor parte de la reestructuración del sistema eléctrico y a la contratación de privatizaciones.

Sanzillo también señaló que LUMA Energy, el operador privado contratado para administrar el sistema de transmisión y distribución de Puerto Rico, queda fuera del alcance de la orden. Los presupuestos iniciales de LUMA proponen reducir los costes laborales al tiempo que aumentan las cantidades gastadas en contratos de servicios profesionales y técnicos.

El estudio hace siete recomendaciones clave:

  • La Legislatura de Puerto Rico debe adoptar y hacer cumplir una estructura de honorarios de consultores, incluyendo un tope en las tarifas por hora, que sea consistente con la condición económica de la isla.
  • La ley que creó la JSAF debe ser enmendada para eliminar el requisito de que el pueblo de Puerto Rico pague todos los gastos de la junta.
  • Cualquier contrato de transformación del sistema eléctrico debe incluir métricas de desempeño basadas en metas a largo plazo establecidas por la Legislatura de Puerto Rico, incluyendo tarifas asequibles a menos de 20 centavos por kilovatio-hora y el logro del estándar de energía renovable del gobierno.
  • El Negociado de Energía de Puerto Rico o JSAF debe publicar inmediatamente una contabilidad en línea de todas las tarifas gastadas en la transformación y reestructuración de la deuda de AEE.
  • La JSAF y AEE deben divulgar inmediatamente el presupuesto completo que subyace a la estimación de diciembre de 2020 de la JSAF de que AEE gastará $500 millones para completar su reestructuración de la deuda.
  • La deuda de AEE debe ser auditada en su totalidad. A pesar de siete años de negociaciones, no hay ninguna resolución a la cuestión de si esta deuda fue legalmente contraída y, si lo fue, si la diligencia llevada a cabo por el gobierno, AEE y sus asesores violó alguna ley.
  • El Congreso debe autorizar un Inspector General Independiente del Sector Privado para que actúe como un monitor in situ en la AEE para prevenir el despilfarro, el fraude y el abuso.

“Se han gastado al menos 440 millones de dólares en honorarios de consultoría, pero después de siete años, hay poco que demostrar”, dijo Kunkel. “Hemos encontrado una desalineación estructural de los incentivos que han permitido a los consultores fuera de la isla tomar decisiones fundamentales sobre el sistema eléctrico y su deuda sin rendir cuentas al pueblo de Puerto Rico”.

Informe completo: Pagar por el fracaso

Informe original en inglés: Paying for failure

Contacto con los autores

Cathy Kunkel ([email protected]) es analista de políticas energéticas de IEEFA.

Tom Sanzillo ([email protected]) es director de análisis financiero del IEEFA.

Contacto con los medios

Vivienne Heston ([email protected]) +1 (914) 439-8921.

Acerca del IEEFA
El Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA) examina temas relacionados con los mercados, tendencias y políticas energéticas. La misión del Instituto es acelerar la transición a una economía energética diversa, sostenible y rentable.

 

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