La encrucijada que enfrenta la implantación de la energía solar en Puerto Rico

En los últimos años, los hogares y negocios en Puerto Rico se han movido con rapidez a instalar placas solares en los techos junto con baterías con el fin de mejorar su resiliencia ante la falta de confiabilidad del sistema eléctrico. Estas acciones representan un aspecto destacado en la transformación del sistema eléctrico de Puerto Rico hacia una mayor utilización de energías renovables. En este informe se describe el avance en general de Puerto Rico hacia la muy anunciada transición al uso de energías renovables: un esfuerzo que presenta retrasos y está plagado de conflictos de interés significativos.

Existe un amplio consenso entre las partes interesadas con respecto a la necesidad de llevar a cabo la transición hacia el uso de energías renovables:

• La Junta de Supervisión Fiscal (FOMB) de Puerto Rico ha citado la importancia de las energías renovables para reducir la vulnerabilidad y volatilidad asociadas con los precios de los combustibles fósiles. La Autoridad de Energía Eléctrica no puede salir de la bancarrota como una entidad en funcionamiento con un presupuesto balanceado si su operación sigue atada al entorno altamente volátil provocado por la continua dependencia del diésel, el petróleo y el gas natural.
• En 2020, el Negociado de Energía de Puerto Rico aprobó un plan a largo plazo para la compañía de servicios públicos que establecía una rápida expansión en el sector de energía solar y almacenaje para la isla. Las disposiciones del negociado subrayan la preocupación por una fuente de energía rentable y confiable.
• El estudio PR100 recientemente emitido por el Departamento de Energía de los Estados Unidos (DOE, por sus siglas en inglés) es evidencia de la factibilidad técnica para que Puerto Rico pueda moverse hacia un 100 % de energías renovables para el año 2050.
• La Legislatura de Puerto Rico, contando con el apoyo de varios gobernadores, ha apoyado la expansión del uso de la energía solar. En la Ley 17-2019 de política pública de la isla, la legislatura reconoció la urgente necesidad de expansión en el uso de energías renovables y recientemente expresó claramente su voluntad de seguir apoyando mayores inversiones en el sector de renovables.

A pesar de un consenso institucional continuo y en múltiples ámbitos que tomó años desarrollar, los encargados de la operación diaria de la red eléctrica participan de esfuerzos agresivos para la expansión en el uso de gas natural. La compañía a cargo de la generación eléctrica tiene un modelo de negocios basado en la creación, desarrollo y expansión del uso de gas natural, empleando una estrategia de inversión altamente especulativa. New Fortress Energy, la compañía en cuestión, les informó a sus inversionistas que el futuro de Puerto Rico es el gas natural. Transacciones recientes encabezadas por la compañía, con la autorización del gobierno de la isla, parecen estar diseñadas para obtener dicho resultado.

Por otro lado, la FOMB ha adoptado una serie de políticas contradictorias que le restan importancia a la expansión del uso de energías renovables. Específicamente, la FOMB está adoptando medidas para reducir la compensación por “medición neta”, una herramienta de importancia fundamental que ha promovido la adopción generalizada de las placas solares en los techos. Este pago para los clientes por el exceso de energía que se exporta a la red ha sido esencial con respecto al crecimiento en el uso de placas solares instaladas en los techos, la única fuente de energías renovables en Puerto Rico que ha mostrado un rápido crecimiento.

La Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (PREPA, por sus siglas en inglés) ha emprendido un plan para desarrollar nuevas instalaciones de energía solar a gran escala, conforme a lo dispuesto por el Negociado de Energía de Puerto Rico. Hasta la fecha, y aunque el plan se puso en marcha en el año 2020, no se ha instalado generación a través de energía solar bajo el plan de infraestructura energética debido a que los esfuerzos se han visto entorpecidos por mala administración y presiones relacionadas con el costo.

En este informe se documentan los tropiezos con respecto a alcanzar el mandato legislativo del Puerto Rico para los objetivos en energías renovables, los cuales especifican un 40 % en dicho rubro para el año 2025. La necesidad de Puerto Rico respecto a incrementar el suplido de energías renovables (el cual actualmente corresponde al 9 %) es un hecho ampliamente aceptado por los residentes de la isla, quienes han instalado placas solares para conseguir resiliencia ante el peligrosamente inestable sistema de energía eléctrica. Casi siete años después del huracán María, la red de Puerto Rico sigue siendo anticuada e incapaz de ofrecer un servicio confiable. Según se documenta en este informe, durante los últimos siete años, decenas de miles de hogares y negocios individuales han optado por instalar sistemas de energía solar con baterías de respaldo para poder contar con un suplido de energía eléctrica confiable, en gran medida sin recibir algún beneficio a través de subsidios directos. Esto también representa una contundente muestra de desconfianza en los encargados del sistema eléctrico.

El IEEFA ofrece una serie de recomendaciones que pueden ayudar a remediar algunos de los problemas que se identifican en este documento:

• PREPA debería cancelar el contrato con Genera (una subsidiaria de New Fortress Energy) para la operación de sus plantas de generación de energía eléctrica.
• La FOMB debería permitir la vigencia de la nueva legislación de Puerto Rico, a través de la que se prolonga la medición neta hasta el año 2030.
• La FOMB debería tener en cuenta varios pronósticos a futuro para el crecimiento de la instalación de placas solares en los techos en su próximo plan fiscal, a fin de analizar y planificar las implicaciones presupuestarias de las distintas trayectorias de ese incremento.
• El DOE debe enfocar los programas futuros con fondos federales para la instalación de placas solares en los techos específicamente para los hogares más vulnerables y apoyar sistemas más pequeños y estandarizados para promover un mayor rendimiento de los dichos fondos federales.
• El Negociado de Energía de Puerto Rico debería llevar un registro y publicar las métricas relacionadas con la estabilidad del voltaje a nivel del sistema de distribución de energía eléctrica.
• LUMA (el operador privado de la red de transmisión y distribución eléctrica de Puerto Rico) y el Negociado de Energía deberían publicar información actualizada sobre la capacidad de alojamiento del sistema de distribución y priorizar el incremento de dicha capacidad donde sea necesario, idealmente utilizando los fondos federales que estén disponibles. Los clientes no deberían ser responsables de cubrir el costo de las mejoras al sistema de distribución que son necesarias para integrar los sistemas solares en los techos adicionales.
• El Negociado de Energía debería llevar a cabo un proceso de planificación, contando con una amplia participación de la comunidad, para la ubicación futura de proyectos de energías renovables a gran escala, y todas las futuras fases de adquisición para los tramos deberían excluir tierras agrícolas protegidas y priorizar vertederos, terrenos contaminados y tierras degradadas.
• Debería establecerse un Inspector General Independiente del Sector Privado (IPSIG, por sus siglas en inglés) para investigar los retrasos y los sobrecostos en el primer grupo de proyectos de energía solar aprobados por el Negociado de Energía, y para hacer recomendaciones públicas y transparentes sobre los procesos de adquisición actuales y futuros.