Contrato entre Puerto Rico y LUMA Energy establece una privatización completa y tarifas más altas para la red de la isla

El reciente acuerdo entre LUMA Energy y la Autoridad de Alianzas Público-Privadas (P3) de Puerto Rico y la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE) para el funcionamiento de la transmisión y distribución del sistema eléctrico de la isla debe rescindirse. El plan general para la transformación de la red eléctrica necesita ser rediseñado para cumplir con la ley y la política energética de Puerto Rico. Ni el plan de transformación ni este contrato alcanzarán un precio de 20 centavos por kilovatio-hora (kWh) de electricidad, crearán un sistema de energía 100% renovable, asegurarán que una fuerza laboral estable y estable continúe sirviendo a Puerto Rico, o proporcionarán a los ciudadanos de la isla una supervisión fuerte e independiente para proteger el interés público.

El contrato se ha anunciado como un acuerdo de operación de transmisión y distribución y se organiza como una asociación público-privada. El contrato falla desde el principio, ya que en realidad se trata de una privatización completa de las funciones básicas de AEE. El contrato se firma con una empresa privada que no está obligada a poner en riesgo su propio dinero. Esto no es una asociación; es un contrato que garantiza el flujo de dinero a LUMA Energy y deja a la suerte un sistema de electricidad seguro, confiable y asequible para Puerto Rico.

El contrato LUMA:

• Impulsará las tarifas de electricidad
• Usará empresas financieramente débiles
• Promoverá la expansión de planes de gas natural obsoletos
• Seguirá prácticas laborales inadecuadas
• Faltará aporte público
• Repetirá errores pasados

El contrato LUMA es objetable por una combinación de políticas y procedimentales tan amplios que es poco probable que su ejecución alcance la resiliencia crítica, la asequibilidad, las energías renovables, la fuerza de trabajo y los objetivos presupuestarios.