En los últimos años los beneficios de Enagás (acrónimo de Empresa Nacional de Gas), la empresa encargada del servicio público de conducción y suministro de gas natural en España, no han estado impulsados por la demanda de los consumidores, sino por un marco regulatorio que garantiza a la empresa una tasa fija de retribución por sus inversiones en infraestructuras gasistas, independientemente de si el país las necesita o no.
Durante años Enagás ha estado utilizando la «seguridad y diversidad del suministro» como excusa para construir o ampliar plantas de regasificación de gas natural licuado (GNL), gasoductos de transporte de gas natural y almacenamientos de gas. Sin embargo, estas inversiones han dado lugar a índices muy bajos de utilización de las infraestructuras gasistas, así como a algunas de las facturas de gas más elevadas de Europa. La demanda de gas en España no ha aumentado desde 2008 pero los consumidores españoles siguen soportando la carga de tarifas increíblemente elevadas por infraestructura que no se está utilizando.
En 2019 un regulador independiente español (la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o CNMC) introdujo por primera vez normas nuevas. Sin embargo, la información financiera más reciente muestra que las normas no han servido para reducir de forma sustancial la remuneración de Enagás. Eso significa que la empresa puede seguir invirtiendo en exceso a expensas de los consumidores y en beneficio de sus accionistas durante los próximos cuatro años, hasta que se revisen las normas.
En julio de 2022 Enagás presentó su Plan Estratégico 2022-2030, que tiene como objetivo resolver el problema de «la seguridad de suministro y la descarbonización» en España y Europa así como anticiparse a los retos más apremiantes del mercado energético europeo y mundial. La empresa tiene previsto invertir 2800 millones de
euros de aquí a 2030. La inversión aumentaría a 4800 millones de euros al sumar los proyectos de interconexión incluidos en el plan REPowerEU.
Todas las inversiones tendrán garantizada una retribución regulada. España cuenta con un marco regulatorio estable para el periodo comprendido entre 2022 y 2026. Está previsto que después de 2026 haya un nuevo marco regulatorio para el hidrógeno, y Enagás está trabajando activamente para promover la integración de las redes de electricidad, gas e hidrógeno. Si el órgano regulador aprueba el marco, la empresa y sus accionistas recibirán ingresos regulados garantizados por invertir en infraestructura que adolece de una enorme incertidumbre técnica y económica, mientras que los consumidores se verán obligados a asumir el riesgo.