Alerta roja por el contrato de generación eléctrica de emergencia en Puerto Rico

La Junta de Supervisión Fiscal de Puerto Rico ha levantado bandera sobre una propuesta de contrato de 400 megavatios (MW) de generación eléctrica de emergencia para respaldar la frágil red de la isla.

La propuesta genera tres preocupaciones importantes:

No está claro por qué se eligió a Power Expectations, una compañía radicada en Florida, por encima de otros licitadores.

No está claro quién decidió adjudicarle el contrato a Power Expectations.

No está claro por qué el gobierno sigue adelante con el contrato con Power Expectations para la generación con combustibles fósiles (gas natural licuado o diésel) cuando existen alternativas que no utilizan dichas fuentes y son menos costosas.

En febrero de 2025, Genera PR (la empresa privada que opera y mantiene las centrales eléctricas de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico o PREPA, por sus siglas en inglés) propuso la adquisición de 800 MW de generación temporera para estabilizar el sistema eléctrico de la isla durante los próximos 18 meses. Genera argumentó que esto era necesario debido a la falta general de fiabilidad de la infraestructura eléctrica de la isla y, en particular, a una interrupción mayor en la central de 300 MW de la Unidad 1 de Aguirre. 

El Negociado de Energía de Puerto Rico (PREB, por sus siglas en inglés) estuvo de acuerdo y ordenó que se llevara a cabo un proceso competitivo de licitación, que estaría a cargo de la Oficina de Compras por Terceros (la cual forma parte de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas de Puerto Rico). Esta oficina, conocida como la 3PPO, publicó una solicitud de propuestas (RFP, por sus siglas en inglés) en marzo de 2025, recibió ofertas y se pusieron en marcha las negociaciones. De acuerdo con una resolución posterior de la junta de PREPA, en algún momento durante dicho proceso, "partes interesadas" no identificadas introdujeron "términos no negociables", que únicamente un solo licitador —Power Expectations— era capaz de cumplir.

La oficina 3PPO recomendó que PREPA estableciera el contrato con Power Expectations; según la Autoridad, la 3PPO había confirmado que Power Expectations tenía la capacidad financiera para completar el proyecto. 

PREPA firmó un contrato con Power Expectations por 800 MW de capacidad de generación temporera durante dos años y lo envió al Negociado de Energía de Puerto Rico para su aprobación; el contrato y la documentación que lo acompaña no están a disposición del público. El Negociado de Energía de Puerto Rico aprobó condicionalmente el contrato, pero solicitó que se renegociara a un plazo de 10 años con mejores precios, que alegadamente Power Expectations había ofrecido como parte de su oferta.

Aproximadamente al mismo tiempo, uno de los licitadores que no resultó seleccionado, Javelin Global Commodities U.S. Holdings, una subsidiaria británica, impugnó el proceso de solicitud de propuestas en los tribunales y ante el PREB. Un tribunal local de San Juan ordenó en julio la suspensión de todos los procedimientos relacionados con el contrato.

En respuesta a la acción judicial y a la nueva disposición del PREB para un contrato de 10 años, la 3PPO decidió rehacer el proceso de RFP. Este proceso ha dado lugar a dos contratos propuestos: uno con Power Expectations para 400 MW de generación temporera con gas natural licuado y/o diésel, y otro con Gothams Energy para 200 MW de unidades flotantes de generación a base de gas natural licuado, y ambos han sido aprobados por el PREB. Estos contratos no se han hecho públicos.

En enero y febrero de 2026, la Junta de Supervisión Fiscal (FOMB, por sus siglas en inglés) envió solicitudes de información extensas a PREPA buscando entender cómo fue que Power Expectations (una vez más) resultó seleccionada para el contrato. En la segunda petición, la FOMB reveló que la 3PPO había elaborado un documento en agosto de 2025 en el que se expresaban preocupaciones serias por la capacidad financiera de Power Expectations. De acuerdo con el resumen de la FOMB, Power Expectations "no aportó evidencia adecuada de su capacidad organizativa o financiera para mantener el desempeño durante un contrato de diez años de duración, y que el valor de adjudicación anual propuesto es aproximadamente 100 veces superior a sus ingresos anuales declarados en la actualidad (es decir, ingresos declarados de 17 millones de dólares, en este contrato que se estima en 1.2 mil millones)". 

La información de la FOMB es difícil de reconciliar con la afirmación de PREPA apenas dos meses antes en cuanto a que la 3PPO había confirmado la capacidad financiera de Power Expectations para completar el contrato original. La FOMB también encontró que Power Expectations no había demostrado experiencia previa en proyectos similares y no facilitó precios con todos los costos incluidos ni acuerdos vinculantes con los suplidores, cuando todos estos puntos son requisitos del RFP.

El valor final del contrato de 10 años también es superior a lo que había ordenado el PREB, lo que ubica al proyecto entre las instalaciones de generación más costosas de la isla. La FOMB le solicitó a PREPA que explicara cómo había adjudicado un contrato al licitador "que presentaba el mayor riesgo de capacidad financiera y... que recibió la puntuación de evaluación general más baja entre los proponentes".

En sus solicitudes de información, la FOMB también señaló un documento de la 3PPO que había comparado a Power Expectations con Whitefish, la compañía diminuta y políticamente conectada en el centro de un escándalo de contratación ampliamente publicitado después del huracán María en 2017. Whitefish, radicada en Montana con dos empleados registrados, obtuvo un contrato para la reconstrucción del sistema eléctrico de 300 millones de dólares tras el paso de la tormenta, el cual se canceló posteriormente tras el revuelo generado por la decisión de elegir a esta entidad en lugar de aceptar la ayuda mutua de otras compañías de servicios públicos, las elevadas tarifas y sus conexiones con la Casa Blanca. En resumen, la solicitud de información de la FOMB a PREPA levanta muchas banderas sobre el proceso de contratación y en cuanto a cómo la compañía Power Expectations fue elegida como el licitador preferido. La FOMB aún no ha tomado una decisión sobre la aprobación del contrato.

Una revisión de los documentos de PREPA y el PREB disponibles al público también plantea interrogantes sobre quién llevaba la voz cantante en este proceso. ¿Fue la 3PPO, PREPA, el PREB, o las "partes interesadas" no identificadas quienes introdujeron "términos no negociables" en el procedimiento de la 3PPO con los licitadores?

Fundamentalmente, tampoco está claro por qué se persigue este proyecto de 10 años de generación "temporera". El sistema de generación de Puerto Rico sigue siendo muy poco fiable, pero en el más reciente estudio de suficiencia de recursos elaborado por LUMA Energy, el operador del sistema de transmisión y distribución, se concluye que la incorporación de todos los recursos de almacenamiento a gran escala actualmente en desarrollo mejoraría la fiabilidad del sistema de generación en casi un factor de 20, lo que reduciría las interrupciones previstas de 196 horas de pérdida de carga al año a tan solo 10 horas. Añadir estos recursos de almacenamiento tendrá un mayor impacto en la fiabilidad que añadir 500 MW de nueva generación eléctrica a gas natural (más de lo que proporcionaría el contrato con Power Expectations).

El gobierno puertorriqueño se dispone a sobreconstruir su sistema de generación con combustibles fósiles, incluido el contrato de 10 años con Power Expectations; el nuevo contrato para una central de gas de 530 MW con Energiza; así como un proceso de contratación en curso para 3,000 MW de capacidad adicional. Si estos proyectos fructifican, Puerto Rico se quedará con más capacidad de la que necesita y tendrá que retirar antes las centrales de combustibles fósiles para alcanzar su objetivo de un 100 % de energía renovable en 2050.

Parece ser que el gobierno de Puerto Rico ha adjudicado un contrato a base de combustibles fósiles a una empresa con escaso historial o capacidad financiera para ejecutar un proyecto que no es necesario.