Los nuevos miembros de la junta de supervisión fiscal de Puerto Rico estarían ante los mismos retos fundamentales

A principios de agosto, el presidente Donald Trump despidió a seis de los siete miembros de la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico (FOMB, por sus siglas en inglés), marcando así la primera ocasión en que esto sucede en los diez años de historia de dicha entidad.

El fundamento legal para los despidos no está claro, pero la movida parece beneficiar a los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE), quienes han estado exigiendo el repago de niveles más altos de deuda heredada en comparación con la última oferta de la junta, la cual implicaba pagar alrededor de $2.6 de los más de $10 mil millones de dólares de deuda heredada en bonos y otras obligaciones (sin incluir las pensiones).

Ante la magnitud de los problemas que aquejan a Puerto Rico, y especialmente a la AEE, asumir uno de estos cargos sin salario será todo menos sencillo. Ocho años después de que la AEE entró en el proceso de quiebra, el sistema eléctrico sigue enfrentando desafíos fundamentales:

• Los ingresos de la AEE no son suficientes para cubrir las necesidades de mantenimiento, y las medidas de confiabilidad del sistema siguen deteriorándose. Las medidas de confiabilidad para el sistema de transmisión y distribución han empeorado a lo largo de los últimos dos años fiscales.
• El proceso de privatización no ha generado los resultados esperados. En el mes de julio, los oficiales del gobierno de Puerto Rico le advirtieron a LUMA Energy que buscarían la cancelación anticipada del acuerdo para la operación del sistema de transmisión y distribución si la compañía no corrige su alegado “patrón de incumplimiento crónico”. Además, el contrato con Genera, responsable de la operación de las plantas termoeléctricas de la AEE, quedaría sin efecto automáticamente si New Fortress Energy, su empresa matriz, se declara en quiebra, algo que no se descarta dado su delicado estado financiero.
• Los escándalos relacionados con la contratación continúan afectando al sistema eléctrico. Por ejemplo, el gobierno canceló recientemente la otorgación de un contrato para 800 megawatts de generación temporal para reducir los apagones durante el pico de la demanda en la temporada de verano. El contrato se descartó después de que dos licitadores sometieron una demanda por alegadas irregularidades en el proceso de contratación.
• Los residentes y los negocios en la isla siguen instalando sistemas de placas solares en los techos con capacidad de almacenamiento a paso acelerado, a fin de obtener resiliencia básica y salvar vidas mientras que los hogares y el comercio enfrentan apagones constantemente. Los encargados del sistema eléctrico no se han adaptado a esta realidad y a la reducción en el volumen de venta de la AEE que se producirá como resultado de una mayor cantidad de energía generada por los consumidores.

Estos retos se ven agravados por la quiebra de la AEE y la incapacidad durante los últimos ocho años para encontrar una solución a la deuda heredada de $8.5 billones por concepto de bonos. La intensa controversia política en torno a la reestructuración de la deuda de PREPA surge de una realidad de fondo: la economía de Puerto Rico enfrenta un panorama frágil e incierto, y su recuperación depende de contar con un sistema eléctrico funcional. Aun así, ciertos bonistas insisten en estirar el proceso de quiebra al exigir el pago íntegro de la deuda, una solicitud que la propia jueza describió como “una fantasía, probablemente”.

Estos retos no se pueden enfrentar con una junta en actitud pasiva. Para poder enfrentar estos desafíos con éxito, una nueva junta necesitaría conocimientos financieros y fiscales profundos, así como instintos sólidos en el aspecto político. Entregar estos puestos como botín político será peligroso y tendrá serias repercusiones para quienes estén involucrados en el proceso de nombramiento. La junta enfrentará el escrutinio constante por parte de todos los sectores de la sociedad puertorriqueña, que en los últimos años han demostrado estar muy atentos a su funcionamiento y han exigido soluciones reales a la crisis del sistema eléctrico, considerada por muchos como el asunto político más importante en la isla.

No se ha dado a conocer públicamente el plazo para el nombramiento de los nuevos miembros de la FOMB.