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Actualización de IEEFA: bajo el acuerdo de deuda de AEE, los precios de la electricidad aumentarán un 13% en Puerto Rico

May 09, 2019
Cathy Kunkel and Tom Sanzillo

Se ha llegado a un acuerdo para liquidar los más de $8 mil millones en deuda heredada de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE). El pasado viernes, la Junta de Supervisión y Administración Fiscal de Puerto Rico publicó un acuerdo entre el gobierno de Puerto Rico, JSAF, la mayoría de los tenedores de bonos de AEE, y Assured Guaranty, una importante aseguradora de bonos AEE.

El acuerdo requiere un cargo anual por kWh que los clientes de AEE (o cualquier empresa sucesora) estarán obligados a pagar hasta 2067. IEEFA estima que, por los siguientes 48 años, los puertorriqueños pagarán más de $23 mil millones, además de $100-$ 200 millones inicial en cargo por liquidación para cubrir gastos administrativos del acuerdo.

El primer aumento de tarifa, encima de los actuales 22 centavos/kWh, tendrá efecto este verano con un aumento de 1 centavo/kWh para cubrir el cargo por liquidación. A partir de julio de 2020, el cargo de la deuda será de 2.8 centavos/kWh. En otras palabras, entre ahora y el próximo verano, las tarifas van a subir 13%. Con el tiempo, la tasas para la deuda aumentarán a 4.55 centavos/kWh en el año fiscal 2043 y permanecerá en ese nivel a través de la vigencia del pago de la deuda.

Para un hogar residencial promedio en Puerto Rico, que utiliza alrededor de 400 kWh/mes, el acuerdo resultará en un cargo de más de $130 por año en el año fiscal 2021, aumentando a casi $220 por hogar por año en el AF 2043.

Bajo los términos del acuerdo, los titulares de la deuda heredada de AEE cambiarán sus bonos pendientes por nuevos bonos que se pagarán en las próximas décadas. Al otorgar estos nuevos bonos una posición de gravamen superior, el acuerdo garantiza que el primer uso prioritario de cada tasa de dólar que llega a AEE se destina a pagar la deuda heredada.

Aún los clientes que instalen su propia generación de energía tendrán que pagar el cargo de la deuda.

Además, el acuerdo directamente – e intencionalmente – va contra la nueva política energética de Puerto Rico, de avanzar hacia un sistema eléctrico más distribuido y descentralizado. Con el fin de garantizar que los residentes y las empresas que eligen generar su propia electricidad no estén exentos de pagar la deuda heredada, se requerirá al cliente que instala su propia generación a partir del 30 de septiembre de 2020 pagar el cargo de la deuda de toda la electricidad que compra de la red, así como para la electricidad producida por sus propios paneles solares. Los clientes que instalen sistemas conectados a la red antes del 30 de septiembre de 2020 estarán exentos de pagar el cargo de la deuda en su electricidad autogenerada durante veinte años, pero después de ese tiempo, pagarán más de 4 centavos/kWh en la electricidad generada por su propio equipo.

El acuerdo debe ser aprobado por el tribunal federal de quiebra y también requiere la aprobación de la Legislatura de Puerto Rico.

Es importante recordar que cuando AEE quebró, antes de los huracanes, su infraestructura física estaba en extremO MAL ESTADO. En 2016, consultores del Negociado de Energía de Puerto Rico observaron que “muchas de las unidades existentes de AEE están en un estado de reparación tan deficiente que AEE debe considerarse afortunada si permanecen operativas durante más de varios meses a la vez”, y que “los sistemas de transmisión y distribución de AEE se están desmoronando muy literalmente”.

En la década que precedió a esta sombría evaluación, AEE cometió muchos errores: asumir deudas para cubrir los gastos operativos, no diversificar el petróleo importado y subsidiar fuertemente la electricidad suministrada a los municipios y otras entidades, sin mencionar la perpetuación de un sistema de fraude de combustible de varios miles de millones de dólares. El endeudamiento de AEE casi se duplicó de 2005 a 2014, ya que la economía en declive de la Isla era cada vez más incapaz de apoyar esta mala gestión.

A lo largo de este período, e ignorando todas las señales de advertencia, el consultor en ingeniería de AEE (URS Corporation) continuó certificando que el sistema estaba “en buena reparación y condiciones de funcionamiento sólidas”, las agencias de calificación continuaron otorgando calificaciones crediticias de grado de inversión a la AEE, y los suscriptores y asesores legales continuaron recaudando honorarios en varios préstamos y acuerdos de deuda. Aunque las acciones de algunas de estas entidades han sido cuestionadas por la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público de Puerto Rico y por el investigador independiente de JSAF, Kobre & Kim, el nuevo acuerdo de deuda no hace ningún esfuerzo por responsabilizar a ninguna de las partes responsables. De hecho, algunas de esas mismas partes seguirán beneficiándose de las tasas vinculadas con la nueva emisión de deuda.

Los casi $9 mil millones de AEE en deuda heredada produjeron muy poco en tipos de activos a largo plazo para beneficiar a la gente de Puerto Rico. Sin embargo, los hogares puertorriqueños ahora están obligados a pagar $130-$220/año para pagar por un sistema que no funcionó.

Cathy Kunkel ([email protected]) es una analista de energía de IEEFA.

Tom Sanzillo ([email protected]) es el director de Finanzas de IEEFA.

 

Comentario original (inglés): IEEFA update: Under PREPA’s new debt deal, electricity prices will rise 13% by next summer in Puerto Rico

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Cathy Kunkel

Cathy Kunkel is an Energy Consultant at IEEFA.

Cathy also served as an IEEFA Energy Finance Analyst for 7 years, researching Appalachian natural gas pipelines and drilling; electric utility mergers, rates and resource planning; energy efficiency; and Puerto Rico’s electrical system. She has degrees in physics from Princeton and Cambridge.

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Tom Sanzillo

Tom Sanzillo is Director of Financial Analysis for IEEFA. He has produced influential studies on the oil, gas, petrochemical and coal sectors in the U.S. and internationally, including company and credit analyses, facility development, oil and gas reserves, stock and commodity market analysis, and public and private financial structures. He also examines such areas as community and shareholder activism, institutional investment, public subsidies and Puerto Rico’s energy economics.

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