February 25, 2019 Read More →

El proceso de privatización del sistema eléctrico de Puerto Rico pasa por alto a los trabajadores sindicalizados como el mejor activo de la compañía

EL respetar los acuerdos colectivos de trabajo es fiscalmente posible y económicamente necesario.

El Senado y la Cámara de Representantes de Puerto Rico están finalizando un proyecto de ley energética con el cual se enmienda el plan actual de privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Uno de los asuntos que queda pendiente es el de requerir a los futuros propietarios que respeten y cumplan los acuerdos colectivos del trabajo existentes entre la autoridad y los sindicatos laborales. La legislatura debe proteger estos acuerdos.

De acuerdo con el plan fiscal certificado de la AEE para el año fiscal 2020, los costos laborales se han estimado en $281 millones de dólares (el 8% del presupuesto total). Este costo estimado cubriría los salarios, los beneficios laborales y las pensiones. Aunque este rubro presupuestal es el más pequeño del presupuesto de la AEE, este conlleva las consecuencias más significativas para los residentes de Puerto Rico. La planta laboral de la AEE mantiene a aproximadamente 6,000 hogares y este servicio es una de las mayores fuentes de empleo en la isla. Los combustibles, los subsidios, los contratos mercantiles y el mantenimiento, todos representan un costo mayor que el de la fuerza de trabajo. Si algún tipo de pago de la deuda heredada se incluye, el costo económico por empleado disminuye incluso más.

Los costos y gastos laborales no son y nunca han sido el problema principal de la AEE. Aproximadamente la mitad de los $3.4 billones de dólares asignados para los gastos anuales de la AEE se utilizan para cubrir gastos fuera de la isla, tales como petróleo, gas y carbón. Del mismo modo, montos significativos de dinero también les han sido pagados a inversionistas quienes no viven en Puerto Rico. Los planes de la AEE incluyen el ahorro de $500 millones de dólares en el costo del combustible mediante el uso de del gas natural y de la energía renovable. Del mismo modo, la agencia debe reducir significativamente sus pagos anuales de la deuda para poder así subsistir financieramente.

El plan fiscal de la AEE incluye varios enunciados en los que se sugiere que las reglas laborales, los beneficios médicos y los costos de las pensiones son algunos de los problemas financieros fundamentales de la AEE. Sin embargo, no existe ninguna publicación reciente en la que se estudie o analice este problema y que ofrezca alguna evidencia de este problema o sus posibles soluciones. El hacer acusaciones sin fundamentarlas y sin ofrecer solución alguna no ayuda a corregir presupuestos. Sin embargo, dichas acusaciones dividen y generan frustración en los momentos claves en los que todos los interesados deben trabajar juntos.

De hecho, el plan fiscal menciona otros problemas, entre los que se encuentran las dificultades para atraer y retener trabajadores calificados. Varios artículos noticiosos han señalado y han hecho énfasis del éxodo de trabajadores calificados del sector eléctrico que buscan un mejor empleo con mayor paga en el territorio continental. La escasez de fuerza de trabajo incrementa los riesgos ante la prestación del servicio y también ha generado la necesidad de contratar trabajadores externos a corto plazo, quienes históricamente siempre han cobrado más y cumplido menos.

El problema laboral de la AEE no es un problema económico, sino un problema de política administrativa. Un estudio financiero hecho por la Junta de Supervisión y Administración Financiera reveló que hay más de 200 empleados de confianza en la empresa. El cambio constante de los puestos de dirección y gobierno dentro de la administración de la AEE debido a los intereses políticos ha generado caos e ineficiencia. La Comisión de Energía Eléctrica de Puerto Rico también ha encontrado un sinnúmero de faltas administrativas dentro de la AEE.

El decir que las compañías privadas que vendrán a Puerto Rico a trabajar con el sistema eléctrico no aceptarán ni reconocerán los contratos colectivos de trabajo previos hechos entre los sindicatos y la AEE es erróneo. PSEG, el cual es uno de los licitadores actualizados por la AEE para el sistema de transmisión y distribución de energía, tiene un contrato de operación con la Autoridad Eléctrica de Long Island (LIPA), el cual ha sido utilizado como un contrato modelo para Puerto Rico durante el proceso de privatización eléctrica.

De hecho, los convenios colectivos de trabajo son parte del proyecto de privatización a largo plazo de la LIPA. PSEG tomo control de las operaciones de LIPA de manos de National Grid en el 2013. Las dos compañías reconocieron y adoptaron las negociaciones y los convenios laborales preexistentes como obligaciones contractuales. PSEG tiene la obligación de reconocer al sindicato, los salarios, y sus acuerdos sobre los beneficios. El llamado “International Brotherhood of Electrical Workers” es una organización de renombre reconocida dentro de los acuerdos operacionales y también se le reconoce dentro del contrato. PSEG cuenta con 12,000 empleados, de los cuales 8,000 están sindicalizados y cuentan con los beneficios del convenio colectivo del trabajo vigente. Hecho del cual la compañía hace mención orgullosamente dentro de sus presentaciones a los inversionistas.[1]

La calificación de LIPA es A+ y la calificación de PSEG es BBB. Ambas empresas son consideradas como empresas dignas de inversión y han sido consideradas de este modo por décadas. Estas compañías hacen mención muy breve de los riesgos laborales durante sus reportes formales a la SEC. Para estas compañías, el respetar los acuerdos laborales es considerado como un aspecto positivo del proceso de privatización.

Los salarios pagados a los trabajadores de la AEE constituyen el sustento de la clase media que subsiste en Puerto Rico. El dinero que se usa dentro de la economía local es invaluable para los esfuerzos de reconstrucción y esencial para la subsistencia de los negocios locales. Los líderes políticos quienes desean abandonar e ignorar la idea de una fuerza laboral sindicalizada solo están deteniendo la recuperación de la economía de Puerto Rico. Estos políticos continúan aplicando las políticas erróneas del pasado. Políticas que en su momento ocasionaron que los recursos económicos generados en Puerto Rico se llevaran fuera de la isla para beneficio de intereses externos.

El trabajo es un activo económico con una cara muy humana. Después del huracán María, la administración de la AEE no pudo mantener las luces encendidas. La administración tomó decisiones equivocadas una tras otra. El Gobernador de la isla se encontró siempre ausente. El equipo de trabajo no funcionaba y la administración estaba también paralizada. Sin embargo, los trabajadores sindicalizados de la AEE se presentaron a trabajar puntualmente todos los días para reconstruir Puerto Rico.

La única salida que se tiene para que Puerto Rico supere sus problemas fiscales y económicos es que todas las partes interesadas (todos los sectores: los negocios, los políticos, la comunidad, los trabajadores, los académicos y los sectores financieros) trabajen conjuntamente y se conviertan así en parte de una solución conjunta. Mientras los líderes políticos continúen dividiendo las opiniones para así alcanzar intereses políticos a corto plazo, ellos mismos continuarán saboteando la recuperación de Puerto Rico.

 

[1]https://investor.pseg.com/sites/pseg.investorhq.businesswire.com/files/doc_library/file/FACTBOOK-17-18-FINAL.pdf

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